Dante Garnique / @dantegarnique
Venezuela fue visitada en julio 2019, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, expresidente de Chile, Michelle Bachelet quien “documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, especialmente por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como por Oficiales de la Guardia Nacional Bolivariano (GNB)”.
Dicho así, no queda claro sobre qué se quiere llamar la atención de lo documentado; si: Sobre la violencia sexual y de género; sobre las detenciones; sobre el hecho de que hay detenciones realizadas por el SEBIN, la DGCIM y la GNB, especialmente, pero que pudiesen haber también eventualmente detenciones realizadas por otros organismos que no se mencionan en este informe; o sobre la amalgama civil-militar.
Que las sigan deteniendo, pero que por favor, las traten un poquito mejor, pareciera querer decir el informe de la ACNUDH.
¿Por qué hay en Venezuela “detenciones” de mujeres y niñas, realizadas “especialmente” por el SEBIN, la DGCIM y la GNB? ¿Qué otros organismos del Estado venezolano realizan detenciones de mujeres y niñas? ¿Son un peligro público en Venezuela las mujeres y niñas? ¿Por qué un componente de la fuerza militar detiene a civiles mujeres y niñas venezolanas?
Pareciera que habría que aceptar las detenciones de mujeres y niñas, lo que no habría que aceptarse es que haya violencia sexual en su contra. Que las sigan deteniendo, pero que por favor, las traten un poquito mejor, pareciera querer decir el informe de la ACNUDH.
Durante la presentación del documento en Ginebra el viernes 05.07.2019, la Señora Bachelet sostuvo que “El destino de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los Derechos Humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”.
Ciertamente, así es. Los venezolanos (30 millones aproximadamente) mueren de hambre y sufren las consecuencias de decisiones económicas poco claras implementadas por el Ejecutivo Nacional desde hace 20 años, quedando demostrada su habilidad para poner en segundo plano los Derechos Humanos, dándole además preeminencia a la ideología chavista y a su ambición de poder, ante la impasibilidad de las autoridades ¿Internacionales?
Asombra que se diga como con cierta sorpresa que “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de Derechos Humanos”.
…se entiende que se está hablando de una dictadura y no del Gobierno de Finlandia, Escandinavia, Alemania o Chile; pero hay que hacer algún esfuerzo criptográfico para comprenderlo.
Sí, esto viene ocurriendo en Venezuela desde hace 20 años. Probablemente, porque de lo que estamos hablando, es de una dictadura y no de un gobierno cualquiera. Un gobierno cualquiera sería por ejemplo el de Finlandia, Dinamarca, Italia, Chile o los Estados Unidos.
Pero ya va, hay otro detalle, ¿a cuáles hechos se refiere el informe, a la violación de Derechos Humanos ejecutada por las peligrosas mujeres y niñas venezolanas, a quienes hay que seguir deteniendo, o a las detenciones de mujeres y niñas civiles realizadas por militares?
Es bastante completo el informe y al abordar el tema asistencial, lo hace de la siguiente manera: “Los Hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad. De noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo 1.557 fallecimientos por falta de suministros”.
Nosotros nos atreveríamos a hacer algunas salvedades en este sentido, para destacar que el personal médico y de enfermería venezolano está conformado por hombres y mujeres que a pesar de la falta de suministros y electricidad, exponen sus vidas al tratar de salvar las de otros. Este personal es asaltado en los estacionamientos de sus puestos de trabajo y dentro de los mismos hospitales a donde acuden a desempeñar sus labores, por pura vocación de servicio, aún a sabiendas de que no hay seguridad ni suministros, ni electricidad.
Decir que hubo 1.557 fallecimientos en tres meses, es restarle importancia consciente o inconscientemente, a los fallecimientos ocurridos por exactamente las mismas razones, desde hace 20 años. Sin embargo, podríamos tomar como cierta la cifra del informe Bachelet y hacer un cálculo. Estaríamos hablando de unos 119.889 muertos. Se podría agregar además, que Amnistía Internacional ya había considerado ese y otros asuntos en su informe de mayo 2019, Venezuela Hambre de Justicia.
Pero dice más el informe de la ACNUDH, “El Gobierno incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria”. ¿Cuál gobierno, la dictadura venezolana?
Sí, desde hace 20 años.
Se lee también: “Se han documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. ¿Quiere decir esto que no hay necesidad de investigar las muertes de 52 personas, porque ya se sabe que estas 52 muertes son atribuibles o al gobierno, o a los colectivos, como es natural? Lo que habría que investigar entonces sería si a los otros 14 los mataron las peligrosas mujeres y niñas detenidas “especialmente” por el SEBIN, la DGCIM y la GNB.
¿es acaso la piel de quienes eligieron como profesión, ser representantes del pueblo, más delicada y sensible que la del pueblo a quien representa?
Pero además, cuando se lee que “Se han documentado 66 muertes… atribuibles a Fuerza de seguridad del Gobierno o a colectivos; uno se confunde y se pregunta: ¿qué son los colectivos y por qué a ellos se les pueden atribuir “muertes”, como a un deportista, trofeos?
Por eso consideramos que hubiese sido bastante útil si se nos hubiese explicado ¿qué son “Los colectivos” que se mencionan en el informe? ¿Acaso algún organismo del Estado?, ¿esos que no son “especialmente” ni el SEBIN ni la DGCIM?
Pasando a otro aspecto, el informe señala que “Se ha levantado la inmunidad a 22 diputados. Entre ellos al Presidente de la Asamblea Nacional. Dos diputados se encuentran en detención y 16 han buscado protección en Embajadas, han abandonado el país o se han escondido”.
Para estas 40 personas, debe ser muy duro lo que les está sucediendo. Pero al conocer estos cuarenta casos, se nos vienen a la mente los 30 millones de casos de venezolanos que carecen de toda asistencia estatal; médica, jurídica, educativa y de transporte. Carecen de libertad de tránsito y de expresión, no tienen acceso a comida ni puestos de empleos, o los de los tres millones y medio que han protagonizado el éxodo más grande de la historia americana, buscado asilo en países vecinos y europeos. Y se nos viene a la mente la siguiente pregunta: ¿es acaso la piel de quienes eligieron como profesión, ser representantes del pueblo, más delicada y sensible que la del pueblo a quien representa?
El informe ha sido contundente, han señalado algunos, ha sido condescendiente, han dicho otros.
A nuestro modo de ver, el documento es de por sí, indicativo de que en Venezuela algo huele mal. Ciertamente, en ocasiones el tono del documento llama más la atención que su contenido, el cual queda, la mayor parte de las veces entre líneas; pero, sí, se entiende que se está hablando de una dictadura y no del Gobierno de Finlandia, Escandinavia, Alemania o Chile; pero hay que hacer algún esfuerzo criptográfico para comprenderlo.
Sería muy interesante leer un informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, referido a Holanda, Suiza, o los Estados Unidos y poder comparar el tono de su lenguaje, con el tono utilizado en la redacción del informe venezolano. El tratamiento dado a las autoridades. Los hechos expuestos, etc.
A la dictadura venezolana hay que ponerle fin para evitar la consecutiva comisión de delitos de lesa humanidad denunciados ya suficientemente por organismos de consolidada credibilidad internacional. ¿Implica ello el fin de Maduro?
Sábado 13.07.2019
A Doña Inmaculada Salcedo
Metamorfosis Forzada 